La Independencia de Chile fue reconocida oficialmente por la Santa Sede durante la administración del Presidente Joaquín Prieto Vial el 13 de abril de 1840, pero con reparos, debido a que se mantenía el ejercicio del Patronato, concesión Papal otorgada a los Reyes Católicos, en un momento crucial de la vida europea.
El Patronato defendía el derecho del monarca a mantener su tuición sobre la Iglesia como una concesión papal, lo que Chile dejó establecido en su Constitución de 1833, continuando con las atribuciones regalistas que venían ejerciendo los monarcas españoles al momento de producirse la independencia.
Este criterio lo compartían las nacientes Repúblicas americanas, quienes sentían que sus gobiernos eran herederos jurídicos de la monarquía castellana y, por lo tanto, detentadores autorizados de todas sus regalías. En los países, recientemente independizados, la pugna jurídica adquirió caracteres de tirantez verdaderamente apasionada, mientras tanto, en Chile, Andrés Bello López buscó una fórmula conciliadora: «El Gobierno proponía los candidatos a los cargos vacantes, y el Papa proveía la lista de acuerdo con el Gobierno, pero este último invocando al Patronato, extendía los nombramientos».
A su vez, la Iglesia gozaba de autoridad y privilegios aun en el orden temporal, los sacerdotes eran sólo justiciables ante los tribunales eclesiásticos; la constitución civil de la familia se regía por el Derecho Canónico y estaba sometida a la jurisdicción de los obispos, sólo era permitido en el país el culto católico. En cambio, el Gobierno tenía intervención en el nombramiento de los prelados, y las leyes de la Iglesia sólo eran obligatorias en virtud del consentimiento del poder civil.
El negociador
Con todos estos argumentos el Gobierno de Prieto designó como Encargado de Negocios ante la Santa Sede a Francisco Javier Rosales, quien tuvo como misión no sólo el obtener el reconocimiento de la Independencia de Chile, sino también la subrogación del Patronato por parte del gobierno chileno.
En la propuesta de Rosales, el Vaticano vio la oportunidad de recobrar su derecho y el Papado pugnó por liberarse de la injerencia Estatal en los asuntos eclesiásticos, al cambiar las circunstancias históricas que motivaron el establecimiento del Patronato. La Iglesia consideró la «sugerencia filial», aportada por Bello, como una muestra de colaboración.
Finalmente las largas gestiones efectuadas por Rosales tuvieron éxito cuando el Papa reconoció de hecho la Independencia de Chile, y erigió al obispado de Santiago, siendo elevada a Catedral la Iglesia Metropolitana, independiente del arzobispado de Lima, y creó además los obispados de La Serena y Ancud.
Pero rechazó el Patronato, aceptando el «pase constitucional», como se llamó a la figura protocolar de la «Súplica Filial». Sin embargo, la Santa Sede insistió que estas actuaciones las hacía de motus propio, es decir, sin el reconocimiento de la figura del Patronato.
Este sistema permaneció sin mayores problemas hasta el Gobierno de Domingo Santa María González, el Presidente «de las leyes laicas».
