Desde la organización del país, se sostuvo que la frontera norte de nuestro territorio era el desierto de Atacama, una imprecisión que propiciaba diferentes interpretaciones respecto de hasta donde llegaba la soberanía ejercida por Chile en la zona y, por ende, el límite con Bolivia. Nuestro gobierno afirmaba por entonces que Chile dominaba hasta el paralelo 23, mientras que Bolivia ratificaba su soberanía hasta el paralelo 25, lo que generaba controversias entre ambas naciones.
En 1866, bajo la presidencia de José Joaquín Pérez y del general Mariano Melgarejo, en Chile y Bolivia, respectivamente, se intentó resolver las diferencias limítrofes a través de un tratado que fijó la frontera de ambos países en el paralelo 24. Además, el acuerdo señalaba que las ganancias obtenidas por la producción salitrera y guanera entre los paralelos 23 y 25 serían repartidas en partes iguales entre las dos naciones.
Sin embargo, nuestro país nunca recibió las mencionadas ganancias, por lo que se hizo necesaria una nueva ronda de gestiones diplomáticas.
Las conversaciones llegaron a buen término en 1874, año en que se anuló el acuerdo anterior, manteniéndose como límite el paralelo 24, pero sin repartición de ganancias y con la renuncia absoluta de ambos países a las aspiraciones territoriales más allá del paralelo establecido. Además, se determinó en el acuerdo que por un plazo de 25 años Bolivia se comprometía a no fijar nuevos impuestos sobre las empresas y personas chilenas que explotaban las riquezas minerales en la región.
El pacto secreto peruano-boliviano (1873)
La génesis del tratado secreto firmado entre Perú y Bolivia se encuentra en 1870. En ese año, Perú estaba atravesando por una delicada situación económica, debido a que el guano que explotaba, del cual provenían gran parte de sus ingresos fiscales, se había agotado. Su otro recurso natural, el salitre, estaba en manos privadas.
La única solución era sacar a Chile de la competencia en la extracción del salitre, para transferir la propiedad de las salitreras al Estado y hacerse del monopolio. Para defender esta opción, Perú y Bolivia idearon este pacto secreto contra Chile
Transgresión y enfrentamiento
Los años que siguieron al acuerdo fueron bastante vertiginosos para las naciones vecinas. Mientras nuestro país salía airoso de los vaivenes económicos que enfrentó hasta 1878 y gozaba de una estabilidad política envidiable, Perú y Bolivia vivían importantes cambios políticos. En 1876, en Perú, se eligió como presidente a Mariano Ignacio Prado mientras que, en Bolivia, se inició el gobierno de Hilarión Daza.
Ambos gobiernos implementaron una serie de medidas para contrarrestar la crisis económica que los afectaba, entre las que se incluyó, por parte de Bolivia, una ley que aumentaba en diez centavos por quintal de salitre, los impuestos a las empresas chilenas situadas en la zona de exención. Esto significaba una clara violación al acuerdo establecido en 1874, por lo que no se hizo esperar la voz de alerta de los empresarios chilenos, quienes desconocieron la nueva normativa y se negaron a pagar, desencadenando una serie de hechos sin retorno.
La molestia del gobierno boliviano fue tal que de inmediato ordenó el embargo y remate de las salitreras chilenas de la zona. Una medida arbitraria, ante la cual el presidente de nuestro país, Aníbal Pinto, reaccionó resolviendo la toma de la ciudad de Antofagasta, el mismo día fijado para el remate, un 14 de febrero de 1879. Con el paso de los días, la Escuadra nacional alcanzaría hasta la altura del río Loa, dominando casi la totalidad del litoral boliviano.
