Fuente: Diario La Tercera, Domingo 4 de junio de 2006.
En las últimas décadas el Estado chileno, entre otros, evolucionó hacia un sistema de financiamiento a la educación que entrega dinero a los establecimientos según el número de alumnos matriculados. Si un alumno disconforme se cambia a otra escuela, la nueva recibe el subsidio que pierde la primera. Con este nuevo sistema el subsidio “sigue” al alumno hacia la escuela que elija; por esto el mecanismo corresponde a uno de “subsidio a la demanda educacional”. Lo interesante de un sistema de subsidio a la demanda educativa –en contraposición a los subsidios de oferta (escuelas estatales) del pasado- es que, mientras los alumnos pueden seguir gozando de educación gratuita, las escuelas deben competir para captar el financiamiento estatal para subsistir, progresar y expandirse. Su forma de competir para atraer los alumnos es mejorando calidad y eficiencia, justamente el objetivo primordial de cualquier sistema educativo. Para el buen funcionamiento de este sistema es fundamental que existan las condiciones para una competencia libre y fluida entre escuelas.
Subsidio a la demanda educacional
El actual sistema educativo en Chile funciona en gran parte con subsidios a la demanda. Esto ha llevado a algunos a pensar que los problemas de calidad en la educación (ver gráfico 1) se deben a que este esquema no es el más idóneo. Sin embargo, el nuestro no es un sistema de subsidio a la demanda como el descrito en los libros de texto. El sistema de subsidio a la demanda “de libro” es uno en el que todas las escuelas enfrentan los mismos incentivos, reciben la misma subvención para un mismo objetivo, y tienen la posibilidad de elegir libremente la cantidad y calidad de los diferentes elementos, tanto humanos como físicos, que participan en el proceso educacional. Todo ello no es cierto en el contexto chileno (ver cuadro 3).
En Chile la educación es provista por tres tipos de escuelas: las municipales, las privadas subsidiadas y las particulares pagadas (ver cuadro 1) Las particulares subvencionadas y las municipales reciben parte o la totalidad de sus fondos del Fisco. Los dineros estatales son distribuidos de acuerdo a un subsidio per cápita, pagado a la escuela según su matrícula. Sin embargo, existen varias rigideces que impiden el buen funcionamiento del mercado educacional:
– El Estatuto Docente, que limita seriamente la relación laboral de la escuela con sus profesores y pone exigencias extraordinarias a las características de sus contratos, más allá de lo que estipula el Código del Trabajo.
– El que muchas escuelas reciban subsidios extraordinarios por parte de municipalidades y programas específicos del gobierno. Estos recursos no siguen a los estudiantes de una escuela a otra, lo que da poder monopólico a las que reciben este financiamiento adicional. Más aún, en el caso de las escuelas municipales, el ministerio y las municipalidades financian los déficit de sus colegios porque no quieren que se achiquen o cierren. De hecho, prácticamente ninguna escuela municipal ha cerrado en los últimos años.
Todo esto explica por qué, como dice José Piñera en una reciente propuesta de reforma, “en las escuelas municipales los directores no tienen incentivos para producir educación de la mejor calidad posible, para competir con otras escuelas, para aumentar el cupo educacional, para subirles el sueldo a los mejores profesores y bajárselos a los malos, para echar a los pésimos profesores. Todo eso no existe.”
Es interesante notar, sin embargo, que pese a todas las rigideces mencionadas, en la última generación de estudios económicos sobre educación en Chile se ha concluido, de manera casi unánime, que los colegios particulares subvencionados logran mejores desempeños que los municipalizados (aunque la brecha no es demasiado grande). Es decir, el sistema de incentivos está funcionando pese a las limitaciones institucionales, y los colegios particulares subvencionados han podido superar a los municipales, aún cuando reciben un menor apoyo fiscal (ver cuadro 2 ).
Queda mucho por mejorar
El sistema de subsidio a la demanda no estaría expresando todo su potencial para mejorar la educación, por problemas de diseño que traban la libre competencia entre colegios. Entre las propuestas de mejoramiento están el traspaso de escuelas a organizaciones de profesores, la flexibilización del Estatuto Docente, un subsidio diferenciado por nivel socioeconómico del alumno, junto con transparentar la información a los padres para que puedan decidir de manera informada dónde matricular a sus hijos. También se propone un tratamiento parejo de parte del gobierno y municipalidades para con los establecimientos educacionales, sin importar su origen.
