Fecha de edicion: 21/04/2009
A casi dos años de la entrada en vigencia de la Ley N° 20.084 que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones de la ley penal, las evaluaciones y propuestas de mejoramientos en la implementación a la normativa surgen desde distintas miradas. Para dar a conocer algunas de ellas, la Dirección de Asuntos Públicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile organizó una mesa de discusión en torno al trabajo «Análisis crítico de la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y propuestas de mejoramiento», de las académicas de la Facultad de Derecho UC, Claudia Alarcón y María Elena Santibáñez. El estudio fue comentado por Angélica Palacios, jueza del Tribunal de Garantía de San Bernardo, Francisca Werth, directora ejecutiva de Fundación Paz Ciudadana y Miguel Cillero, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y consultor UNICEF.
En el artículo las profesoras se refieren al espíritu de la ley que prioriza el componente de responsabilidad de la intervención penal por sobre el carácter punitivo, en el cual se promueve la aplicación de salidas alternativas al conflicto penal y la reinserción social del adolescente. Sin embargo, las críticas están dirigidas hacia la implementación de la norma y las falencias que se han demostrado desde junio del 2007. Una de ellas tiene relación con la adecuada capacitación de los actores del sistema, desde jueces a fiscales y defensores. «La especialización en esta materia es urgente porque es un universo completamente diferente y requiere una mentalidad distinta de la que actualmente poseen los operadores del sistema adulto», afirma la profesora María Elena Santibáñez. Si bien la normativa establece que debe haber una capacitación criminológica, conocimiento de la Convención de los Derechos del Niño y de las características y especificidades de la etapa adolescente y del sistema de ejecución de sanciones, en la práctica no hay una adecuada aplicación. En este sentido, las profesoras proponen la creación de nuevas plazas exclusivas, un sistema de turnos con especialidad, mejor aprovechamiento de los actores capacitados y la implementación de políticas de autocuidado.
Por otra parte, el estudio demostró la necesidad de asesores técnicos que entreguen una visión específica a jueces, fiscales y defensores en materia juvenil, similar al existente en los Tribunales de Familia. Además de mejorías en los planes educativos, programas de los centros que estén acordes con las sanciones y con la reinserción social esencial de los jóvenes.
En la oportunidad, entregó su testimonio la jueza del Tribunal de Garantía de San Bernardo, Angélica Palacios, quien dirige una sala piloto. En ella hay una dedicación exclusiva a casos de menores infractores, desde aproximadamente un año. La magistrada asegura que ha tenido un resultado positivo, en tanto es un trabajo en conjunto con el Ministerio Público, Fiscalía, Defensoría, y representantes de SENAME, coordinación que es elemental en la aplicación adecuada de la ley. Esta experiencia también se está desarrollando en Puente Alto y en una sala del Centro de Justicia.
Para concluir, Santibáñez y Alarcón explicaron que en este asunto se requiere el involucramiento de la comunidad completa.
«En definitiva supone un compromiso como sociedad en que no basta el aumento de recursos si no va de la mano con una autentica política nacional que suponga la participación de todos los sectores sociales», establecen las académicas. De este modo, se abrió el debate en torno a la reinserción social y cómo se puede ayudar desde el ámbito de la educación a los jóvenes infractores.
(PUC)
