Carolina Velasco, experta en educación LyD
Luego de conocerse los resultados de los beneficiarios del nuevo sistema de créditos con aval del Estado, algunos estudiantes han manifestado su molestia por la imposibilidad de acceder a él a pesar de sus condiciones de pobreza, e incluso se estaría evaluando la posibilidad de establecer una demanda contra del Estado por publicidad engañosa.
Según la investigador de LyD, Carolina Velasco, este problema no sólo responde a que la demanda por créditos es mayor que la oferta que existe, sino también a que no todos los estudiantes, aun siendo de bajos recursos tienen acceso a este sistema ni enfrentan las mismas condiciones.
En efecto, hoy en día existen dos sistemas de crédito con diferencias importantes tanto respecto a la posibilidad de acceder a éstos, como a las condiciones de pago. Por una parte está el crédito solidario, exclusivo para estudiantes de universidades del consejo de rectores (aunque la universidad no se encuentre acreditada) con una tasa muy subsidiada, con cuotas de pago bajas y con un plazo máximo de pago, luego del cual, la deuda es condonada. Por otra parte, está el nuevo sistema avalado por el Estado, al cual sólo pueden acceder quienes elijan una entidad acreditada o del consejo de rectores, la que cuenta con una tasa mayor y con condiciones de pago diferentes.
«Esta dualidad en el sistema implica que los estudiantes de menores recursos, que en general no pueden optar por universidad del consejo de rectores, quedan excluidos de inmediato de los fondos solidarios. Luego, estos jóvenes optan entonces universidades privadas, institutos profesionales o centros de formación técnica, los que, si aún no están acreditados, los excluye de recibir siquiera el crédito con aval del Estado (así como también de cualquier beca del gobierno)», sostuvo Velasco.
Sumado a lo anterior, está el problema de la descoordinación en las fechas de entrega de estos créditos, ya que los beneficiarios del sistema de créditos solidarios sólo sabrán si obtienen estos recursos en marzo, pero el sistema con aval garantía estatal entrega sus resultados en enero y febrero, lo que genera un problema a quienes postulan a ambos.
Por lo tanto, agrega, se requiere urgente unificar los dos sistemas de manera que las condiciones de acceso y de pago no discriminen entre estudiantes que pueden estar en iguales condiciones de pobreza pero que estudian en diferentes entidades. Asimismo, «se requiere aumentar la cobertura, fomentando otros sistemas o reasignando recursos de becas que no se justifican cuando se cuenta con préstamos para estudiar carreras -más rentables- que en el futuro implicarán que estos jóvenes obtendrán ingresos cuatro veces superiores a los que hubiesen tenido de no haber estudiado», concluyó la experta
