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LA TERCERA, Lunes 5 de Febrero de 2007.
Por : Elizabeth Simonsen

La guerra es encarnizada: algunos se vanaglorian de tener los mejores puntajes nacionales, otros de contar con el mayor número de alumnos ingresando a universidades tradicionales y no faltan los que acusan a sus rivales de prácticas poco limpias, como atraer con becas a los estudiantes de mejor rendimiento para luego lucir sus resultados. Los preuniversitarios han ido convirtiéndose en un mercado cada vez más competitivo, con alrededor de cien mil alumnos matriculados cada año.

Casi la mitad de estos estudiantes corresponde a jóvenes que rinden la prueba por segunda vez, pero durante el último tiempo un tercio del crecimiento anual que experimenta este mercado es por la matrícula de alumnos de terceros medios: “Desde el 2003, el número de alumnos provenientes de ese curso se ha duplicado”, confiesa el ejecutivo de uno de los preuniversitarios más grandes del país. Fue a partir de ese año que la PSU comenzó a  aplicarse, produciéndose un cambio en las necesidades de preparación de los estudiantes. Actualmente existen 71 preuniversitarios en el país con 123 sedes. De éstos, 16 están en la Región Metropolitana. Pero dos se llevan el grueso de la torta: el Cepech, con 41 mil alumnos, y el Pedro de Valdivia, con poco más de 15 mil. El resto tiene participación  marginal.

Los puntajes nacionales

Un aspecto que caracteriza a este sector es la escasa regulación: para instalar una de estas casas de estudios no se requiere de nada más que declarar un giro de servicios  educacionales ante el Servicio de Impuestos Internos. El Mineduc no tiene ningún tipo de prerrogativas sobre los preuniversitarios, pues es un servicio que se presta entre una empresa y un cliente. Por eso, cualquier reclamo debe resolverse ante el Sernac. El año pasado, este organismo recibió 72 denuncias contra 12 preuniversitarios. La mayoría (43%) correspondió a alumnos que quisieron retirarse y tuvieron dificultades para que no les siguieran cobrando la mensualidad. También hubo reclamos por cobros no justificados (15,3%), por la mala calidad del servicio o por cobranzas excesivas (6,9%) y el incumplimiento de lo ofrecido (13,9%).

Considerando esto y ante la abundancia de publicidad, La Tercera preguntó a los puntajes nacionales 2007 si habían tomado un preuniversitario, y cuál habían preferido. Los resultados indican que el 83% optó por prepararse en alguno de estos centros y que la segunda mejor opción, aunque bastante lejos, con un 7,3%, fue estudiar con un profesor particular. Sólo el 9,8% de los jóvenes no tuvo ninguna preparación especial.

Una cosa quedó clara: becar a los estudiantes de buenas notas provenientes de colegios con alto rendimiento en la PSU o bien que al primer ensayo obtienen más de 700 puntos, son comunes en casi todos los preuniversitarios. De hecho, de los puntajes nacionales encuestados la mayoría estudió con becas. Sólo uno de cada tres tuvo que pagar la totalidad de su bolsillo.

 Sernac aconseja
Para tener en cuenta a la hora de elegir

Para instalar un preuniversitario no se requiere nada. Sólo tener un giro de servicios educacionales ante el Servicio de Impuestos Internos. Según  explica Héctor Muñoz, abogado del Sernac, los estudiantes y apoderados tienen los derechos y deberes establecidos en la Ley del Consumidor. Esto es: información oportuna y clara, que se respete lo acordado y la  posibilidad de comprobar lo publicitado.

Lo primero se refiere a conocer los horarios de clases, quiénes son los profesores, la metodología de enseñanza, el historial de éxito del preuniversitario, el material de apoyo que se entregará, así como cuál es la forma de pago y qué pasa si el alumno deja de pagar. “El principio de integración publicitaria se aplica también a los preuniversitarios, en el sentido de que si dicen algo en la publicidad luego tienen que respetarlo, aunque no esté estipulado de forma explícita en el contrato”, afirma Muñoz. Por último, todos los antecedentes que publiciten los preuniversitarios deben poder ser comprobados, de lo contrario pueden ser multados hasta con 750 UTM por publicidad engañosa.


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