LA TERCERA. Editorial, miércoles 23 de mayo de 2007
Es positivo, necesario y oportuno que la inyección de US$ 750 millones adicionales al presupuesto nacional desde 2008, anunciada el lunes por la Presidenta, esté provocando un debate sobre el uso y fiscalización de esos dineros. Bien sabe el país que la falta de transparencia y discusión sobre la utilización de recursos públicos facilita el camino a la ineficiencia y la corrupción.
Pero junto con dicho debate se impone discutir el principal énfasis del discurso presidencial en materia de gasto: los 650 millones de dólares extra que se destinarán anualmente a educación a partir del próximo año. Ante esa inversión, palidece el paquete puntual de US$ 330 millones anunciado en septiembre pasado en respuesta a las históricas protestas estudiantiles de mayo y que fue presentado por el gobierno como un aporte clave.
Una mirada al discurso presidencial consiste en valorar la apuesta estratégica en un tema básico para Chile, como es elevar la mediocre calidad de la educación pública. Este fue un tema que el movimiento escolar puso entre las prioridades del Ejecutivo, pero el diagnóstico al respecto es compartido: Chile no puede pensar en dar el anhelado salto al desarrollo si no mejora sustancialmente la calidad de su educación pública.
En este sentido, destinar a educación –el principal motor de movilidad social en Chile- la mayor parte de los recursos que liberará el cambio a la regla del superávit fiscal apunta a un tema de fondo. Es más, dado que los frutos de las políticas públicas en esta área demoran años en cosecharse, es difícil aducir que el anuncio presidencial es sólo un intento de obtener réditos políticos en un momento complicado.
Por otra parte, el uso de los recursos apunta a necesidades postergadas, como aumentar las subvenciones general y preferencial, dirigidas a atenuar una de las grandes falencias del sistema, como es la amplia brecha de inversión por alumno entre establecimientos públicos y privados (la que, en buena parte, determinó que en la última PSU hubiera sólo dos colegios municipales entre los 100 mejores del país). Los US$ 100 anuales para apoyar la gestión de los municipios son igualmente un paso acertado.
También es positivo que, junto con mayores recursos, el gobierno anuncie que ingresará el proyecto que crea la superintendencia de Educación, institución que fiscalizará su buen uso y que la ministra del ramo describió como “un servicio público funcional, descentralizado, con patrimonio propio”. Así, el Mineduc -que hoy evalúa las mismas políticas que está encargado de diseñar e implementar- dejará de ser juez y parte.
Otra mirada a los anuncios presidenciales en educación, sin embargo, revela vacíos y puntos poco claros que hacen dudar de su efectividad. Respecto de la propia superintendencia, por ejemplo, es preciso garantizar que no será -como Chiledeportes- utilizada con fines políticos. Por ende, sería bueno que sus directivos, sumándose al actual interés público y privado por la transparencia y la meritocracia, fueran elegidos por concurso, de acuerdo a los criterios que fija el Consejo de Alta Dirección Pública, y que se garantizará que no se duplican las funciones del Mineduc.
Por cierto, es decidor que la Mandataria no hiciera mención alguna al Estatuto Docente –tradicional piedra de tope que impide asignar incentivos de acuerdo al desempeño, así como depedir a los malos profesores-, ni se refiriera a la necesidad de mejorar la formación de los maestros (ni hablara de la reticencia de éstos a ser evaluados). En cambio, sí trajo a colación, una vez más, el debate sobre el lucro de los sostenedores de colegios que reciben aporte estatal, variable que no tiene -en opinión de los expertos- relación con la calidad de la educación que imparten.
Junto con mantener el valorable énfasis que se dio a este tema en el discurso presidencial de anteayer, el gobierno debe hacerse cargo de las importantes omisiones de su enfoque.
