El presidente del Senado entregó el mando al ministro del Interior Juan Esteban Montero, nombrándolo vicepresidente de acuerdo a la Constitución (27 de julio). Este gozaba de amplia popularidad, por su rectitud durante los últimos días de Ibáñez.
Montero impuso el criterio de resolver los problemas desde la legalidad. Además, restableció las libertades que habían sido restringidas durante la dictadura. Para normalizar la situación, se convocó a elecciones presidenciales para el 4 de octubre.
A mediados de agosto, una convención de profesionales reunida en Santiago nominó candidato a la presidencia a Montero. Este finalmente aceptó, renunciando a la vicepresidencia, que recayó en el ministro del Interior Manuel Trucco, el 22 de agosto.
Durante los primeros días de septiembre, al nuevo vicepresidente le tocó enfrentar una rebelión al interior de la Marina, cuando la tripulación del acorazado Almirante Latorre se levantó contra sus superiores en las cercanías de Coquimbo. El alzamiento se repitió en otros barcos, extendiéndose a los puertos de Valparaíso y Talcahuano. Tropas del ejército y unidades de la aviación detuvieron a los exaltados en una semana.
Gracias al apoyo de la Unión Cívica, formada por conservadores y radicales, Montero le ganó a Arturo Alessandri en las elecciones del 4 de octubre. Alessandri recibió el apoyo de grupos izquierdistas de procedencia radical, liberal y democrática.
El 4 de diciembre de 1931, Juan Esteban Montero Rodríguez (1879-1948) asumió la presidencia. La prioridad era enfrentar la crisis económica, reducir gastos, disminuir sueldos y suprimir empleos públicos. Era imperativo conseguir nuevos créditos en el exterior.
Fue necesario racionar el abastecimiento de bencina y también sofocar la huelga que esto provocó en abril de 1932.
Ese mismo año se creó la Comisión de Control de Cambios Internacionales, a fin de controlar el despacho de letras en oro para el pago de créditos en el exterior. Al mismo tiempo, se ordenó que se suspendiera por tiempo indefinido la conversión de billetes en este metal, con el objeto de mantener la reserva metálica del Banco Central, que ya había disminuido considerablemente. Esto, porque los importadores habían utilizado la conversión para amortizar sus créditos.
Debido a la desvalorización del peso, subió el costo de la vida, por lo que el comercio, tanto interno como externo, se vio cada vez más complicado. La cesantía, que afectaba ya a 200.000 personas, seguía en aumento. Desde todos los sectores se oían voces de descontento, que exigían una rápida y efectiva acción gubernamental.
También había quejas contra la Compañía de Salitre de Chile (Cosach), empresa a la que se culpaba del cierre de los mercados del salitre y de haber puesto las riquezas que generó en manos extranjeras.
En medio de esta compleja situación, diferentes sectores conspiraban para derrocar al gobierno. El más importante era el encabezado por Carlos Dávila, ex embajador de Chile en Washington durante la administración de Ibáñez. En abril hizo público un plan político dentro del cual la economía era dirigida por el Estado. También estaba Marmaduke Grove, jefe de la aviación bajo el título de Comodoro del Aire, que deseaba implantar un régimen socialista. Por último, de otro grupo de opinión, pero con similares ideas, destacaba el prestigioso abogado Eugenio Matte Hurtado.
