La contaminación minera
Paralelamente a la importancia económica que adquirió este subsector, la minería se fue transformando en una de las actividades productivas más invasivas, causando un fuerte impacto ambiental en las zonas donde se desarrollaba. Durante el siglo XIX y buena parte del XX, prácticamente no existió conciencia ambiental, lo que impidió que la explotación de los recursos naturales vinculados a la minería fuesen evaluados en forma negativa, preponderando siempre el progreso económico por sobre las materias medioambientales.
La variable ambiental no fue considerada en la minería chilena hasta finales de la década de los ochenta, debido principalmente a la necesidad de aumentar la producción de las faenas mineras y al propósito de posicionar el cobre chileno en los mercados internacionales.
Entre las consecuencias de los trabajos mineros sin regulación, anteriores a este decenio, se puede constatar la contaminación de ríos y mares por la descarga de relaves; las emisiones de anhídrido sulfuroso, arsénico y material particulado; y la disminución del caudal de los ríos debido al requerimiento de agua.
La regulación ambiental fue diferente para la minería privada y la estatal. Mientras que la primera comenzó las inversiones en materia ambiental a finales de los años ochenta, las empresas públicas iniciaron la modernización a la par del desarrollo de las normas ambientales. Entre estas normas se establecieron controles de calidad de las tecnologías utilizadas en fundiciones y se determinaron niveles máximos de emisión de contaminantes.
No fue sino hasta 1990, cuando las autoridades, en el marco de una mayor sensibilidad por el tema, comenzaron a discutir posibles medidas para detener el impacto ambiental de la actividad minera. En un principio la discusión se centró en la contaminación atmosférica de las fundiciones y en los tranques de relave. Casos emblemáticos fueron la fundición Ventanas, cuyo abundante humo negro se dejaba ver a muchos kilómetros de distancia, y la mina El Salvador, que vertía sus relaves en el mar. A los casos anteriores se sumaba también la destrucción sistemáticamente de predios y regiones agrícolas, junto con la contaminación de los canales de regadío.
En 1992 Chile participó en la Cumbre de Desarrollo Sustentable, en Río de Janeiro, donde firmó tratados internacionales para la protección del medio ambiente. Durante la década de los noventa, las compañías multinacionales nacionales se constituyeron en ejemplos de buenas prácticas ambientales gracias a su compromiso con las nuevas ideas y tecnologías para el trabajo responsable en materia medioambiental. A mediados de esa década se creó la Comisión Nacional de Medio ambiente (CONAMA), institución que ha dado origen a instrumentos de normas de calidad, evaluación de impacto ambiental y a planes de descontaminación.
Así, se comenzó a regularizar la contaminación minera, iniciándose la búsqueda de una coexistencia de la protección ambiental con el desarrollo económico a través del impulso de una legislación apropiada. A partir del Decreto Nº 185 de 1992, y en el marco de un acuerdo voluntario entre diversos sectores productivos y el Estado, se iniciaron planes de descontaminación en las 5 fundiciones de cobre estatales y se implementaron estudios de impacto ambiental en toda nueva faena minera, lo que finalmente derivó en que más del 60% de aquellos estudios correspondiera al sector minero. Al mismo tiempo, la Ley de Bases del Medio Ambiente (1994) y la promulgación de su reglamento en 1997, impusieron una mayor conciencia ambiental en las actividades mineras del país.
A pesar de esta tardía toma de conciencia, aún se manifiestan casos específicos de contaminación, como la mina Los Pelambres en la IV región, que ha sido denunciada por derramar residuos industriales líquidos en ríos de la zona.
