La demanda mundial de cobre en el siglo XX experimentaba un incremento espectacular, situación que había significado el paulatino agotamiento de las minas de alta ley, donde por cada tonelada extraída entre el 30 y el 60 por ciento era cobre, provocando preocupación en las grandes corporaciones cupríferas del mundo ante la falta de nuevos yacimientos para responder a la demanda.
La solución al problema fue la explotación en gran escala de las grandes reservas mundiales de cobre porfírico, metal de baja ley, donde por cada tonelada de material extraído sólo entre el uno y el dos por ciento era cobre, situación que requirió una verdadera revolución tecnológica, tanto para la extracción del mineral como para su concentración y refinado, siendo asimismo necesaria la inversión de enormes capitales para poner en marcha su explotación cuprífera. De hecho, en las tres primeras década del siglo XX, entraron en explotación once yacimientos de cobre porfírico en el mundo -ocho en Estados Unidos y tres en Chile- llegando estos a producir el 40 por ciento de la producción mundial de cobre en 1929.
Mineral «El Teniente», Braden Copper Co., 1912.
Como nuestro país contaba con las mayores reservas mundiales de cobre porfírico, distribuidas a lo largo de la cordillera de los Andes, desde Arica a Temuco, geólogos e ingenieros norteamericanos recorrieron el territorio en la búsqueda de yacimientos para explotarlos en gran escala, surgiendo el interés de las grandes corporaciones norteamericanas por los yacimientos de Chuquicamata y Potrerillos en el Norte Grande y de El Teniente en la zona central de Chile.
De inmediato se organizaron en Estados Unidos empresas para explotar estos yacimientos, surgiendo la Braden Copper Company para explotar el mineral El Teniente en 1904, la Chile Exploration Company para explotar Chuquicamata en 1912 y la Andes Copper Mining para explotar Potrerillos en 1916. Estas empresas invirtieron millones de dólares para poner en marcha la explotación de los nuevos yacimientos cupríferos, denominados “Gran Minería del Cobre”, logrando que a fines de la década del veinte su producción representara el 93 por ciento de la producción cuprífera nacional, lo que a su vez constituía el 16,7 por ciento de la producción mundial. Con ello Chile recuperaba el lugar que había ocupado a mediados del siglo XIX como uno de los principales productores mundiales de cobre.
Las enormes utilidades que estas empresas generaban, los mínimos impuestos que pagaban, la autonomía de que gozaban los norteamericanos en estos yacimientos, provocaron un profundo malestar en los sectores nacionalistas y socialistas del país, surgiendo un movimiento de rechazo que demandaría un aumento de impuestos y la nacionalización y estatización de los yacimientos, demandas que en las décadas siguientes llevarían a un sostenido aumento de los impuestos a las empresas de la “Gran Minería del Cobre” (GMC) y a su nacionalización en 1971.
Afiche alusivo a la Nacionalización del Cobre.
La nacionalización de la Gran Minería del Cobre (1964-1971)
El cobre, principal riqueza y recurso de exportación chileno, ha sido la «viga maestra» de nuestra economía en el siglo XX. Los antecedentes señalan que desde 1905, los principales yacimientos cupríferos eran explotados por capitales norteamericanos, constituyendo verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. La relación entre estas empresas y el Estado chileno, estuvo marcada desde la segunda mitad del siglo, por sucesivas controversias relacionadas con aumentos de impuestos, el precio del cobre y las inversiones.
Al comenzar la década de 1960, el surgimiento de ideas reformistas y revolucionarias en América Latina, instalaron en la opinión pública nacional el tema de la recuperación de las riquezas básicas, cobrando fuerza los postulados de la nacionalización. Un primer paso en este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su programa reformista de la «revolución en libertad», cuya línea económica proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como la chilenización del cobre (1964).
Esta acción permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, proponía un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre en nuestro territorio (1966). En plena marcha de este proceso, el alza del precio del cobre y las altas utilidades de las corporaciones norteamericanas, reavivaron en la opinión pública el debate sobre una nacionalización total, obligando al Gobierno a poner en marcha la llamada nacionalización pactada.
De esta manera, al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el camino a la nacionalización integral de la gran minería del cobre quedó abierto, y fue recogido por las candidaturas presidenciales de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. El triunfo del candidato de la Unidad Popular puso en marcha un inmediato proceso hacia la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre. Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó, con muy pocas modificaciones y por votación unánime, la enmienda constitucional que hizo posible la nacionalización total del cobre, caratulada como Ley Nº 17.450.
El mismo día, por la tarde, en una multitudinaria concentración en Rancagua, el presidente Salvador Allende se dirigió al país señalando que: “Chile va nacionalizar el cobre en virtud de un acto soberano. Acto soberano que incluso está consagrado en las resoluciones de las Naciones Unidas, que establecen que los países tienen derecho a nacionalizar sus riquezas básicas”.
Fuente: Biblioteca Nacional
