Surgió, entonces, un creciente temor por el inminente triunfo del candidato de la izquierda, Salvador Allende. Los sectores más conservadores de la sociedad especulaban con la llegada de un socialista a La Moneda, por lo que la estrategia de las alianzas fue la única posibilidad para impedirlo.
De esta manera, la derecha apoyó al candidato democratacristiano Eduardo Frei Montalva en las elecciones del 4 de septiembre de 1964; este conseguiría una de las más altas votaciones alcanzadas hasta esa fecha, con el 56,09% de los votos, convirtiéndose así en el elegido para apaciguar los ánimos populistas e instaurar la llamada «Revolución en libertad».
Reformista social
Eduardo Frei Montalva recibió al país en un momento inmejorable. Contaba con la mayoría del Senado, una economía estable gracias a los altos precios del cobre y un apoyo popular insospechado.
La mejor plataforma para implementar su programa de gobierno popular, orientado a beneficiar a los más desposeídos y a incrementar la participación ciudadana.
De esta forma, se fomentó la aparición de organizaciones comunitarias, como sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres y cooperativas, a través de la promulgación, en 1968, de la ley de Junta de Vecinos que legalizaba este tipo de asociaciones.
Esta política permitió, por ejemplo, que los sindicatos casi duplicaran el número de afiliados en los seis años que duró este gobierno.
También en el ámbito educacional impulsó importantes reformas, orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza. Para incluir a los más pequeños en la enseñanza pública, se dictó la ley de Guarderías Infantiles, integrando a los niños de 1 a 6 años. Mientras tanto, la educación primaria pasó a llamarse enseñanza básica y aumentó su duración a ocho años y la secundaria disminuyó a cuatro años y se denominó enseñanza media. Esta última, además, se dividió en dos áreas, científico-humanista y técnico-profesional.
Sin embargo, uno de sus proyectos más ambiciosos fue el de las «vigas maestras». Para Frei Montalva era vital, para el desarrollo del país y de la sociedad en su conjunto, implementar dos importantes obras: la reforma agraria y la chilenización del cobre. Proyectos de ley que cambiarían el destino del país y que marcarían la época.
Ya durante el gobierno de Alessandri Rodríguez habían aparecido las primeras luces de una reforma agraria. Sin embargo, el verdadero impulso se lo otorgó Frei Montalva con la promulgación de las leyes de Reforma Agraria y de Sindicalización Campesina, en 1967. Estas permitieron la redistribución de la tierra a través de la expropiación de los antiguos latifundios, con la finalidad de aprovechar mejor los suelos e, incluso, modernizar los métodos de explotación y producción. En 1970, ya se contabilizaban 3 millones y medio de hectáreas expropiadas, las que en una primera etapa fueron administradas provisoriamente por organizaciones de campesinos denominadas asentamientos.
La chilenización del cobre era casi una necesidad para el gobierno de Frei Montalva. La principal fuente de riqueza del país era explotada, hasta entonces, por capitales extranjeros, por lo que el país no podía disfrutar plenamente de los dividendos. Tras dos negociaciones, el gobierno consiguió el 51% de participación accionaria en los yacimientos cupríferos de Chuquicamata, El Teniente, La Exótica y Andina. Fue necesario, entonces, crear una nueva institucionalidad que administrara las ventas y los recursos, dando origen a la Corporación del Cobre (Codelco). A partir de ello se desarrollaron planes de expansión y de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los funcionarios.
Finalmente, la chilenización del cobre se transformaría en el plan más exitoso del gobierno de Frei Montalva, ya que cumplió su objetivo. Facilitó el incremento del producto geográfico bruto (PGB) y explicó el superávit en la balanza de pagos que, en 1969, alcanzó los 168 millones de dólares.
Tensión y radicalización
Las elecciones presidenciales de 1970 se realizaron bajo un clima de agitación social. Existieron frecuentes divisiones en los bloques partidarios e, incluso, las alianzas se reorganizaron. La polarización era cada vez mayor y el país se dividió, de manera evidente, en dos tendencias, derecha e izquierda. La primera de ellas se apoyó en un nuevo partido, liderado por ex conservadores y liberales, el partido Nacional, mientras que la izquierda elaboró su discurso con las voces de socialistas, comunistas, demócratas radicales y adherentes al Movimiento de Acción Popular Unitario (MAPU), conformando la Unidad Popular.
Los enfrentamientos eran constantes y la violencia política no acabó ni siquiera días después de la elección, efectuada el 4 de septiembre de 1970. A ella se presentaron tres candidatos, que contaban con similar apoyo: Radomiro Tomic por la Democracia Cristiana; Jorge Alessandri Rodríguez por el partido Demócrata Radical y el partido Nacional, y Salvador Allende, representante de todos los partidos que agrupaba la Unidad Popular.
Como era casi evidente, los resultados fueron estrechos. Tanto así que Salvador Allende obtuvo 1.070.334 votos, mientras que su más cercano contrincante, Alessandri Rodríguez, reunió 1.031.159. Correspondía, entonces, definir la suerte de los candidatos en el Congreso; sin embargo, esta vez era un partidario de la izquierda más radical el que aspiraba al poder, por lo que la decisión implicaba mucho más que el voto de los parlamentarios. De esta manera, comenzaron las negociaciones y presiones para apoyar a uno u otro candidato.
Fue necesario establecer un acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana para que este partido le diera el triunfo a Allende; no obstante, ambos firmaron un acuerdo de garantías constitucionales, donde se establecían una serie de derechos y libertades intocables durante la instauración de un gobierno marxista.
Fue así como un 24 de octubre de 1970 Salvador Allende fue ratificado por el Parlamento como presidente de la República, realizando la promesa respectiva el 4 de noviembre de ese mismo año.
Unidad Popular al poder
La llegada de Allende al poder difícilmente aquietó al país. Existía un sector de la sociedad que desconfiaba de su programa de gobierno y estaba bajo la atenta mirada de la oposición.
No obstante, Allende sí contaba con el apoyo de una buena parte de la población, que esperaba con ansias la instauración de su plan de trabajo.
Una de sus primeras intervenciones fue en el ámbito económico, estableciendo tres grandes áreas: la social (compuesta por empresas cuyo propietario sería el Estado), mixta (en la que el Estado sería el principal pero no único accionista) y privada (que incluía solo a pequeñas empresas con poco capital). Pero pronto el proyecto se encontraría con la oposición del Congreso, obligando al poder Ejecutivo a usar un resquicio que permitía al Estado, legalmente, apoderarse de cualquier industria o compañía que fuera considerada de vital importancia para la economía del país.
La política social también fue una de sus preocupaciones, implemetando mejoras en salud y educación. Creó también programas de trabajo para cesantes y apoyó proyectos culturales para el pueblo.
Pero a pesar de que los índices económicos se mostraban favorables, la estabilidad alcanzada solo se había logrado a través de una gran expansión monetaria, que terminó con la desvalorización de la moneda y el consiguiente aumento de la inflación. La sociedad vería reflejados estos inconvenientes en los problemas de abastecimiento, así como también en la aparición de un mercado donde productos básicos se transaban a altísimos precios.
Enfrentamiento y División
El 11 de septiembre de 1973 fue el día programado por las Fuerzas Armadas para poner fin al gobierno de Salvador Allende. Apenas el presidente escuchó sobre el movimiento de tropas, se dirigió hacia el palacio de La Moneda junto a sus colaboradores; mientras tanto, los altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, Augusto Pinochet y Gustavo Leigh, coordinaban las acciones militares junto al almirante José Toribio Merino y el general director de Carabineros César Mendoza. Todos ellos conformarían la posterior junta de gobierno.
Los militares desplegados en diferentes zonas del país pronto aplacaron a los seguidores de Allende, tomando el control total del país. En La Moneda, en tanto, el presidente se negó a abandonar el palacio de gobierno; esta fue la justificación necesaria para que dos aviones Hawker Hunter, provenientes de Concepción, bombardearan la sede de gobierno, la que pronto se incendió. Los enfrentamientos siguieron hasta que los militares ingresaron y se apoderaron totalmente de La Moneda; el presidente Salvador Allende, minutos antes, había tomado la decisión de suicidarse.
Control militar
Tras el golpe de Estado, el control del país fue tomado por las Fuerzas Armadas. Gran parte del poder quedó en manos de los militares, quienes reorganizaron las instituciones y designaron como jefe supremo de la Nación al general Augusto Pinochet, el 26 de junio de 1974. Posteriormente, en el mes de diciembre, adoptaría el título de presidente de la República.
Mientras tanto, el Congreso fue suprimido y la función legislativa la asumió la junta militar. Así también se suspendió la Constitución y gran parte de las libertades civiles quedaron oprimidas bajo una serie de medidas que buscaban eliminar la actividad política y terminar con cualquier estallido revolucionario en el país. Se instauraba así una dictadura que duró 17 años.
Uno de los principales cambios introducidos durante este período fue el modelo económico, el que rige en el país hasta hoy. Para lograrlo, se hizo necesario estabilizar la economía. Se aplicó, entonces, el modelo neoliberal a la economía chilena, que consistía en respetar la propiedad privada de los medios de producción, disminuyendo el control estatal sobre las empresas. Además, se cambió de moneda (de escudo a peso) se disminuyeron los aranceles de importación y exportación.
También se creó un nuevo sistema de pensiones, basado en la capitalización individual, en el que cada trabajador ahorra mensualmente el 10% de su sueldo para financiar su pensión tras el fin de su vida laboral. Estos fondos serían administrados por entidades privadas.
En 1980, el régimen militar encomendó la redacción de una nueva Constitución. Esta tendría por objetivo asegurar la presencia de las Fuerzas Armadas en la escena política nacional y en el poder Ejecutivo, así como también respaldar la continuidad de las medidas implementadas hasta esa fecha. Así, la Constitución de 1980 estableció un régimen presidencial de gobierno, la creación del Consejo de Seguridad Nacional, los senadores designados y el sistema electoral binominal, entre otras medidas. También fijó como plazo para el término del gobierno militar el año 1988.
Agitación y cambio
Durante los últimos años del gobierno militar, la agitación social se incrementó. A pesar de que seguían vigentes las restricciones a las libertades civiles, el descontento motivó a la población a salir a las calles a protestar. Paros nacionales y acciones subversivas por parte de grupos de izquierda completaban el panorama existente en el país, lo que demandó un giro en el accionar político de los militares.
Por ello, existió un acercamiento del gobierno con algunos partidos de oposición. Además, la derecha también se reorganizó, originando nuevos partidos políticos, como la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional.
Ya en 1987, se promulgó la ley Orgánica de los Partidos Políticos, que devolvería la legalidad a estas agrupaciones y se restituyeron los registros electorales.
Existía, entonces, un consenso en torno a la necesidad de buscar mecanismos de entendimiento en un país que por varios años vivió la más absoluta división.
