LA TERCERA. Opinión de Cristián Bellei. Programa de Investigación en Educación de la Universidad de Chile
Hace poco tiempo el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados de la cuarta aplicación del sistema de evaluación docente.
Iniciado en 2003, este sistema evalúa el desempeño de los profesores que trabajan en establecimientos municipales. En gruesos términos, los resultados indican que 2 de cada 3 profesores alcanzan o superan el nivel competente, considerado profesionalmente adecuado. Dado que la primera prioridad del país en educación es mejorar los niveles de aprendizaje que logran los alumnos, especialmente los de sectores sociales menos privilegiados, cabe preguntarse cómo la evaluación docente puede contribuir a dicho objetivo.
Algunos piensan que la evaluación docente ayuda a mejorar la educación sacando del sistema escolar a los profesores de muy mala calidad. En efecto, el profesor que es evaluado tres años consecutivos como insatisfactorio debe abandonar su trabajo. Hasta la fecha 30 mil profesores han sido evaluados, de ellos, no más de 10 han recibido esta sanción. No parece razonable esperar un mejoramiento por esta vía. Las preocupaciones de quienes así piensan generalmente se refieren a que el profesor cumpla con obligaciones básicas de responsabilidad profesional, como asistir puntualmente al trabajo o preparar bien las clases. Ciertamente, el sistema escolar no necesita este sofisticado sistema de evaluación para dicho propósito: el que no cumple en la pega se tiene que ir, en la escuela y el liceo, como en cualquier otra institución.
Otros creen que la evaluación por sí misma genera una tensión en los profesores que los empuja a mejorar, y añaden que el conocimiento y difusión de los resultados de la evaluación hacen que las escuelas progresen.
Para su decepción, la evidencia científica disponible indica que la sola presencia de un sistema de evaluación y difusión de sus resultados no basta para mejorar. Nuestra propia experiencia con el Simce nos enseña que no por mucho usar el termómetro, baja la fiebre.
Finalmente, algunos confían en que pagando premios en dinero a los profesores mejor evaluados se motivará al magisterio a mejorar su trabajo. De hecho, los docentes que fueron calificados como destacados o competentes pueden postular a un bono mensual máximo de $ 87.000 y $ 52.000, respectivamente, por cuatro años, para lo cual deben aprobar un examen adicional de conocimientos. Aunque parece razonable (y hasta justa), esta estrategia tampoco ha dado muy buenos resultados en los países que nos antecedieron; por no mencionar que Chile lleva ya una década entregando un premio en dinero a los docentes de los establecimientos que obtienen comparativamente mejores resultados.
¿Significa esto que la evaluación docente no sirve para mejorar la educación? De ningún modo. El punto es que su contribución depende decisivamente de su diseño y del uso que los actores educacionales le den.
Algunos ejemplos. El actual sistema obliga a los docentes que no alcanzaron el nivel competente a desarrollar un programa de perfeccionamiento, pero sólo una mínima fracción (3% este año) debe volver a evaluarse al año siguiente para constatar su nivel de avance. Otro: en Perú, se acaba de aplicar una prueba a todos los docentes del país: la mitad de los profesores tuvo dificultades para hacer cálculos matemáticos simples y 3 de cada 4 maestros no demostró poseer un nivel adecuado de comprensión lectora.
¿Cómo es en nuestro país? No sabemos: el sistema no contempla una prueba universal de conocimientos disciplinarios. Un ejemplo más: en algunos países -como Cuba- la evaluación de los docentes tiene consecuencias para las universidades que los formaron, de manera que ellas también deben hacerse responsables de su trabajo.
Finalmente, tal como lo ha señalado el Consejo Asesor Presidencial, el sistema de evaluación docente podría aportar más al mejoramiento de la educación si estuviese articulado en una carrera profesional moderna; es decir, si tuviese implicancias para la gestión de recursos humanos, para la gestión educativa a nivel de las escuelas y liceos, y para las oportunidades y responsabilidades profesionales de los docentes (esto implica, entre otras cosas, actualizar el Estatuto Docente).
Implementar la evaluación docente ha sido un gran desafío, explotar todo su potencial de mejoramiento de la calidad y equidad educativas es otro tan grande como imprescindible.
