Opinión de Juan Pablo Valenzuela
PhD en Economía Programa de Investigación en Educación Universidad de Chile
LA TERCERA. 11 de noviembre, 2006
Uno de los consensos generalizados del actual debate educacional es que, a pesar de los importantes logros en cobertura educativa, la calidad y la equidad de nuestra educación están en deuda, y que el ritmo al cual avanzamos en resolver estos desafíos no es el adecuado: entre 2002 y 2005 el puntaje promedio del país en la prueba Simce de cuarto básico se incrementó en cuatro puntos, mientras que en matemáticas este aumento fue de sólo un punto.
A su vez, la brecha en los resultados de los niños que asisten a los colegios más vulnerables, respecto de los de nivel socioeconómico alto, se redujo en ocho puntos en lenguaje y cinco en matemáticas. De mantenerse esta tendencia, requeriríamos de 24 años para reducir a la mitad la actual brecha entre estos dos grupos de estudiantes.
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«Un incremento sustantivo de recursos no es una medida suficiente para mejorar la calidad y equidad de la educación. Por el contrario, parte importante de las estrategias a seguir deben vincularse con el aumento de la efectividad y eficiencia en el uso de los actuales recursos”. |
En este contexto, han surgido variadas propuestas que indican la necesidad de aumentar considerablemente el gasto público para lograr una educación de calidad. En términos macro se señala insistentemente que el sector público en los países de la OECD invierte, en promedio, un 5% del PIB en educación -incluso algunos, como Finlandia o Suecia, invierten hasta un 6%-, mientras que el sector público chileno sólo lo hace un 4%.
A su vez, son diversas las propuestas que sugieren duplicar la subvención regular pagada -actualmente de poco más de $ 30.000 mensuales por estudiante- en un período de cuatro a seis años-, pues esto permitiría financiar los costos reales de una educación de mínima calidad, ello implica recursos adicionales por 1,5% a 2,0% del PIB.
Aunque nadie puede rechazar a priori propuestas que dan prioridad a una inversión con altos retornos sociales y privados, es relevante analizar si la estrategia de incrementar recursos nos asegura una educación de mayor calidad y equidad. La primera evidencia que surge al analizar con mayor detención las comparaciones internacionales es que al descontar el aporte estatal que realizan los países desarrollados a la educación superior –considerablemente mayor que aquel realizado en nuestro país-, el aporte público al resto de los niveles educacionales es de 3,9% del PIB, no muy lejos del 3,6% realizado por Chile en los mismos niveles educacionales. Por otra parte, para medir el impacto que tendría la duplicación del valor de la subvención sobre los resultados educacionales es posible utilizar la experiencia de los últimos años que permitió la incorporación de la Jornada Escolar Completa y el Financiamiento Compartido en la educación subvencionada.
Los recursos aportados por ambos programas representan, en promedio, el haber duplicado los recursos financieros por alumno, en comparación a la situación previa a estas reformas, sin que se hayan mejorado considerablemente los resultados de nuestra educación. Estos antecedentes no tratan de aminorar la relevancia de mayor inversión en educación, sino que
quieren demostrar que ésta ya representa un esfuerzo cercano al realizado por países desarrollados, pero que no logra los resultados esperados para nuestro nivel de desarrollo.
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«Una segunda prioridad debe ser vincular la entrega de nuevos recursos a metas y estándares de calidad verificables”. |
Todo indica que un incremento sustantivo de recursos no es una medida suficiente para mejorar la calidad y equidad de la educación. Por el contrario, parte importante de las estrategias a seguir debiesen vincularse con el aumento de la efectividad y eficiencia en el uso de los actuales recursos, en particular por medio del aprendizaje acerca de las mejores prácticas educativas y la promoción de su replicabilidad. En nuestro país ya existen experiencias de escuelas efectivas de las cuales es posible aprender y replicar a mayor escala. Establecimientos como los de la Sociedad de Instrucción Primaria (en la foto), que con 17 establecimientos y 18.000 estudiantes, y con un costo directo de $ 38.000 mensuales -poco más de la actual subvención- logran 285 puntos en matemáticas y lenguaje en estudiantes cuyos padres tienen educación media incompleta e ingresos familiares promedio de $ 250.000 mensuales.
Es decir, estas escuelas logran entre 30 y 40 puntos sobre los resultados que obtienen colegios subvencionados similares. Una segunda prioridad debe ser vincular la entrega de nuevos recursos a metas y estándares de calidad verificables. Esta propuesta está contemplada en la nueva subvención preferencial, la que implicará el incremento en más de un 40% de los aportes que realiza el Estado a los estudiantes más vulnerables del país, recursos que se entregarán a condición de que las escuelas logren metas a ser evaluadas, en un plazo de tiempo limitado, incluyendo sanciones para los casos donde éstas no se cumplan.
Por tanto, pareciera que los desafíos para una educación de calidad no están en grandes incrementos de recursos financieros, sino más bien en fomentar la transferencia de los métodos efectivos de enseñanza y aprendizaje, una mayor responsabilidad de cada establecimiento con las familias y en permitir que sólo los establecimientos efectivos reciban aportes del Estado.
