El presidencialismo

La Constitución de 1925, redactada por una comisión en la que se destacaron personalidades como José Maza Fernández, Domingo Amunátegui Solar, Luis Barros Borgoño, Eliodoro Yáñez, José Guillermo Guerra, entre otros, les otorgaba al Estado y a su conductor un rol esencial en el desarrollo del país. Se establecía que el presidente de la República era el jefe de gobierno y del Estado, teniendo la facultad de nombrar a su gabinete, participar en la redacción de las leyes y proponer a quienes integrarían el poder judicial. Así lo ratificaba el texto constitucional, que en el artículo Nº 60 señalaba que «un ciudadano con el título de presidente de la República de Chile administra el Estado y es el jefe supremo de la nación».

Sin embargo, a pesar de lo categórico de la nueva carta fundamental, la consolidación del régimen presidencial costó algunos años. Incluso significó varias revueltas sociales e inconsistencias políticas por parte de los partidos y dirigentes. Un largo camino.

Gobierno provisorio

Tras la renuncia de Alessandri Palma y la presidencia interina de Luis Barros Borgoño, asume la presidencia del país, el 23 de diciembre de 1925, Emiliano Figueroa Larraín. El abogado, de larga trayectoria política, se impuso sin mayor oposición en los que fueron los primeros comicios directos de la era presidencial.

Figueroa no era ajeno a las labores gubernamentales y ya había ocupado la vicepresidencia del país en dos oportunidades debido a las muertes de Pedro Montt y de Elías Fernández (presidente y vicepresidente, respectivamente). Por ello, nadie dudaba de su liderazgo y capacidad para imponer el orden necesario en el país; sin embargo, los hechos demostrarían que ni siquiera su experiencia serviría para calmar los ánimos en el gabinete.

La figura de Carlos Ibáñez del Campo adquiría fuerza y, desde su cargo de ministro de Guerra, impuso una política extremadamente autoritaria. A tal punto llegó la presión ejercida que el 4 de mayo de 1927, Emiliano Figueroa renunciaba a la presidencia del país.

Estricto gobernante

Después de la consolidación de Carlos Ibáñez del Campo como actor y líder político, era casi lógico que él, tras la renuncia de Emiliano Figueroa, asumiría la conducción del país.

Su gobierno se caracterizó por imponer mano dura en la administración pública. Según Ibáñez, había que recuperar la estabilidad nacional a través de un restrictivo programa de trabajo que, incluso, desconocía los mecanismos legales de gobierno. Por ello, su período se caracterizó por la dictación de varios decretos-leyes, que se saltaban el conducto regular en la promulgación de diferentes normativas.

En 1930 se dictó el Estatuto Administrativo que regulaba el actuar de los funcionarios del Estado, que habían aumentado considerablemente en los últimos años. Además, se introdujeron importantes reformas a la educación y se llevó a cabo un ambicioso programa de obras públicas, financiado en gran parte por capitales externos. Sin embargo, un hecho internacional complicaría la conducción realizada por Ibáñez del Campo.

En 1929, una gran depresión mundial afectó a la economía, lo que repercutió directamente en las finanzas nacionales. Se debían pagar los empréstitos, paulatinamente disminuía el poder adquisitivo de la población y los índices de cesantía se acrecentaban.

Ante la inminente bancarrota del país y el descontento generalizado en la población, el presidente renunció el 26 de julio de 1931. Comenzaría entonces un período de confusión política.

Anarquía política

Tras la renuncia de Ibáñez, asumió como vicepresidente el radical Juan Esteban Montero. Sin embargo, tan pronto como los partidos políticos le propusieron a Montero ser candidato a la presidencia, este dimitió y quedó provisoriamente en el puesto Manuel Trucco.

En las elecciones del 4 de octubre de 1931 resultó ganador Juan Esteban Montero. El nuevo presidente recibía un país económicamente inestable, por lo que era imperioso revitalizar las actividades productivas y reducir el gasto público.

Sin embargo, Montero no fue capaz de repuntar las cifras, lo que acrecentó el descontento de la población, tanto civil como militar, e hizo aparecer tres importantes figuras en la oposición: el diplomático Carlos Dávila Espinoza, el socialista Marmaduque Grove y el representante de la Nueva Asociación Pública (NAP), Eugenio Matte Hurtado.

La inestabilidad y efervescencia popular terminaron con un pronunciamiento militar, liderado por la Fuerza Aérea bajo la conducción de Marmaduque Grove. Esto provocó la inmediata renuncia de Montero y la instauración de una junta de gobierno compuesta por Arturo Puga, Carlos Dávila y Eugenio Matte. Poco duraría esta junta, ya que diferencias de opiniones terminaron con la salida de Dávila del gobierno, siendo reemplazado por Rolando Merino Reyes.

Dávila, por su parte, conformaría una nueva junta de gobierno, con Nolasco Cárdenas Díaz y Alberto Cabero. Esta fue capaz de restaurar el orden público, pero no contaba con el apoyo popular.

Fue entonces cuando esta se disolvió y el poder lo asumió solo Carlos Dávila, quien convocó a elecciones y adoptó una serie de medidas para repuntar la economía.

Sus intenciones de restablecer la calma poco duraron, ya que el nuevo mandatario no concitaba el interés de la población y poseía escasos partidarios. Por ello, renunció y entregó el poder al general Bartolomé Blanche. Este último, consciente de la necesidad de retomar la vía democrática, renunció el 2 de octubre, entregando el poder a Abraham Oyanedel, quien, en su rol de presidente de la Corte Suprema y gobernante provisorio, convocó a elecciones, dando por finalizado el caos institucional vivido durante esos años.

El regreso de Alessandri

Tras los sucesos que sumieron al país en la anarquía, surgió la figura del ex presidente Arturo Alessandri Palma como posible pacificador de la agitación. Por ello, en las elecciones presidenciales y parlamentarias, efectuadas el 30 de octubre de 1932, logró una amplia mayoría.

El político retornaba al principal cargo de la nación, recibiendo a esta en pésimas condiciones económicas. Por ello implementó un efectivo plan de saneamiento financiero, que permitiría enfrentar los compromisos pendientes y la bancarrota de las empresas salitreras. Respecto de este último punto, se dio el vamos a la creación de la Corporación de Ventas del Salitre y Yodo (Covensa), en 1934, que logró un importante repunte de la actividad en el norte. Paulatinamente, Alessandri Palma fue devolviendo la tranquilidad al país.

Así, con las finanzas en orden, fue posible proyectar un nuevo plan de obras públicas gracias al cual se construyeron el barrio cívico, el Estadio Nacional, la escuela de Derecho de la Universidad de Chile y otros estudios referentes a la implementación de caminos, puentes, escuelas, etc.

En los últimos años de su gobierno enfrentó importantes protestas. Casos como los hechos de Ranquil, donde murieron 200 personas, o la matanza del Seguro Obrero agitaron los ánimos en el país, dividiendo las alianzas políticas.