Nacionalización del cobre
El cobre, principal riqueza y recurso de exportación chileno, ha sido la «viga maestra» de nuestra economía en el siglo XX. Los antecedentes señalan que desde 1905, los principales yacimientos cupríferos eran explotados por capitales norteamericanos, constituyendo verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. La relación entre estas empresas y el Estado chileno, estuvo marcada desde la segunda mitad del siglo, por sucesivas controversias relacionadas con aumentos de impuestos, el precio del cobre y las inversiones.
Al comenzar la década de 1960, el surgimiento de ideas reformistas y revolucionarias en América Latina, instalaron en la opinión pública nacional el tema de la recuperación de las riquezas básicas, cobrando fuerza los postulados de la nacionalización. Un primer paso en este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su programa reformista de la «revolución en libertad», cuya línea económica proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como la chilenización del cobre (1964).
Esta acción permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, proponía un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre en nuestro territorio (1966). En plena marcha de este proceso, el alza del precio del cobre y las altas utilidades de las corporaciones norteamericanas, reavivaron en la opinión pública el debate sobre una nacionalización total, obligando al Gobierno a poner en marcha la llamada nacionalización pactada.
De esta manera, al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el camino a la nacionalización integral de la gran minería del cobre quedó abierto, y fue recogido por las candidaturas presidenciales de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. El triunfo del candidato de la Unidad Popular puso en marcha un inmediato proceso hacia la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre.
Termina el proceso
Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó, a través de una reforma constitucional y por unanimidad, la nacionalización de la gran minería del cobre, caratulada como Ley Nº 17.450, cuyos grandes yacimientos eran, en su gran mayoría, propiedad de empresas estadounidenses.
Un punto polémico se desató luego, debido a que el gobierno de Salvador Allende determinó pagar la indemnización correspondiente al «valor libro» a las empresas norteamericanas, es decir, descontando las ganancias excesivas. En la práctica, esto significaba no cancelar monto alguno a dichas empresas. Estas, no obstante, pidieron el embargo de los embarques de cobre chileno apenas llegasen a sus destinos.
El texto de la reforma que aprobó el Congreso Nacional y que tenía siete carillas tamaño oficio a un espacio, señalaba lo siguiente:
«Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, nacionalizase y declarase, por lo tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre«.
El Presidente Salvador Allende, celebró el hecho histórico en Rancagua, en un masivo acto donde destacaban los cascos multicolores de los mineros. Según la prensa de la época, «el Jefe de Estado hizo una completa exposición del estado en que se encuentran los yacimientos cupríferos y llamó a los trabajadores de El Teniente a redoblar sus esfuerzos para aumentar la producción del mineral que ha denominado ‘el sueldo de Chile'».
Este trascendente acto político no sólo dejó en manos de nuestro país una de sus principales riquezas naturales; también dio origen a la Corporación del Cobre de Chile, la que más tarde, en 1976, pasó a denominarse Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).
