Fue la primera forma de autogobierno que hubo en Chile. La Primera Junta de Gobierno creó nuevos cuerpos militares, convocó a elecciones de un congreso nacional, estableció la libertad de comercio y el contacto con la Junta de Buenos Aires.
El 18 de septiembre de 1810 se efectuó un Cabildo Abierto en Santiago. Luego de analizar cómo se debía gobernar el país tras el apresamiento del rey Fernando VII, se estableció la creación de la Primera Junta de Gobierno de Chile.
La Junta quedó integrada por: Mateo de Toro y Zambrano, como presidente; el obispo de Santiago, José Antonio Martínez de Aldunate, como vicepresidente; cinco vocales, Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rozas, Ignacio de la Carrera, Juan Enrique Rosales y el coronel Francisco Javier de Reina, y los secretarios, José Gregorio Argomedo y Gaspar Marín.
La Junta asumió el gobierno del país desde el 18 de septiembre de 1810 hasta el 4 de julio de 1811.
Antecedentes de la Primera Junta de Gobierno
Los principios libertarios de la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, ocurridas a fines del siglo XVIII, fueron un importante estímulo para el sector progresista de las colonias españolas en América.
No deseaban seguir dependiendo de una Corona que desconocía los problemas y la realidad local y cuyos representantes gobernaban casi de manera autónoma, ya que las órdenes reales tardaban meses en llegar.
En 1808, el ejército francés invadió España, el rey Fernando VII fue apresado por Napoleón Bonaparte y el trono quedó en manos del hermano de este último, José Bonaparte.
Primero en España y después en América, se empezaron a formar Juntas de Gobierno, que destituyeron a las autoridades dependientes de Bonaparte y que gobernarían hasta que Fernando VII recobrara su trono.
En América, la constitución de estas juntas se convirtió en el primer paso de la lucha por la independencia.
Escenario previo a la junta
En 1808 murió el gobernador de Chile Luis Muñoz de Guzmán, y en su reemplazo se designó a Francisco García Carrasco, quien, por sus medidas, se ganó la oposición de la Real Audiencia (tribunal de justicia) y el Cabildo de Santiago (similar a una municipalidad).
La orden que más conmocionó a la aristocracia santiaguina fue el apresamiento de tres de sus más distinguidos miembros, Juan Antonio de Ovalle, José Antonio Rojas y Bernardo Vera y Pintado, acusados de sedición.
Temiendo un motín, la Real Audiencia solicitó la renuncia a García Carrasco (16 de julio de 1810) y nombró gobernador interino a Mateo de Toro Zambrano, por ser el militar de mayor graduación.
El cabildo abierto
Accediendo a la presión patriota, Toro Zambrano convocó a un Cabildo Abierto para el 18 de septiembre.
A la reunión, a la que asistieron alrededor de 450 personas, no se invitó a los realistas (liderados por la Real Audiencia). Además, para evitar cualquier levantamiento opositor, se apostó a la milicia en las calles aledañas.
Luego de algunos discursos donde se hizo ver la necesidad de contar con un organismo colegiado de gobierno como medida para defender los intereses del pueblo y continuar fieles al rey Fernando VII, la mayoría de los asistentes convocados al acto del 18 de septiembre comenzaron a gritar la frase «Junta queremos».
De esta manera, y casi por unanimidad, se designó a Mateo de Toro Zambrano y Ureta como presidente; al obispo José Martínez de Aldunate como vicepresidente; a Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rozas, Ignacio de la Carrera, Juan Enrique Rosales y Francisco Javier de Reina como vocales, y como secretarios a Gaspar Marín y Gregorio Argomedo.
Esta junta creó nuevos cuerpos militares, convocó a elecciones de un congreso nacional, estableció la libertad de comercio y el contacto con la Junta de Buenos Aires.
Bajo la presidencia de Juan Martínez de Rozas, se llamó a elecciones para formar un Congreso Nacional, constituido por 42 diputados.
Sin embargo, el 1 de abril, día en que debían efectuarse las elecciones, el teniente coronel español Tomás de Figueroa sublevó un cuerpo del ejército exigiendo la disolución de la junta.
El motín no tuvo éxito, y Figueroa huyó a refugiarse al convento de Santo Domingo, desde donde fue sacado, sometido a juicio y condenado a muerte.
