LA TERCERA. Ximena Muñoz.
Los jardines infantiles y los establecimientos que imparten educación parvularia tendrán mucho trabajo que hacer si las nuevas exigencias para los sostenedores que impone el proyecto de Ley General de Educación se aprueban en el Congreso.
Pero los jardines que más adecuaciones tendrán que hacer son los que pertenecen al segmento particular pagado que no se encuentran empadronados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji, porque la única exigencia que tienen hoy esos establecimientos para instalarse es una patente comercial otorgada por la municipalidad respectiva. Estos establecimientos suman alrededor de 1755 en todo el país.
El proyecto general de Educación eleva los estándares para ser sostenedor de establecimientos educacionales que impartan enseñanza en el nivel parvulario. Se exigirá por ejemplo, tener un título profesional de, al menos, ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste (ver recuadro).
¿Cuántos cumplen y cuántos no?
Actualmente, no existe una norma que exija a los establecimientos que imparten educación parvularia cumplir con requisitos mínimos o siquiera registrarse ante una entidad competente. Por tanto, no existe un catastro de la totalidad de establecimientos que ofrecen este nivel educativo.
Sin embargo, el Ministerio de Educación y la Junji conceden reconocimiento o empadronamiento a los establecimientos particulares que, voluntariamente, deseen acreditar el cumplimiento de requisitos mínimos. A la fecha, estos jardines suman 885 en todo el país y atienden a 42 mil niños, pero la cifra se eleva a cerca de 1.500 establecimientos si se consideran los programas alternativos y las instituciones que reciben transferencia de fondos a través de la Junji.
“Tanto para los establecimientos certificados por el Ministerio de Educación como por la Junji se puede afirmar que cumplen con las exigencias planteadas correspondientemente, pero no es posible, a la fecha, establecer si es que cumplen o no con el conjunto de requisitos que derivarán de la Ley General de Educación”, señaló María Eugenia Ziliani, encargada del área del Ministerio de Educación.
En todo caso, agrega, sí es posible señalar que la totalidad de los jardines infantiles y salas cuna que la Junji ha transferido a terceros (cerca de 400) pertenecen a personas jurídicas sin fines de lucro, ya que este estatus jurídico es requisito para obtener la transferencia de fondos.
